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Artistas callejeros de Guanajuato denuncian falta de espacios y precariedad laboral

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Exigen a los gobiernos estatal y municipal reglas claras, permisos accesibles, remuneraciones dignas y espacios permanentes para trabajar. En dos documentos dirigidos al Ayuntamiento de Guanajuato y al Congreso local, advierten sobre la desvalorización de su oficio y cuestionan las barreras administrativas que enfrentan para llevar su trabajo a las calles.

Guanajuato presume su vocación cultural y turística, pero para los artistas que buscan ganarse la vida en sus calles, plazas y espacios públicos, el reconocimiento al arte no siempre se traduce en oportunidades para trabajar. Mientras las instituciones promueven festivales y espectáculos, creadores urbanos e independientes denuncian la falta de espacios, los obstáculos burocráticos y la ausencia de condiciones que les permitan ejercer su profesión de manera digna.

La inconformidad quedó plasmada en dos documentos fechados el 12 de octubre de 2026 y dirigidos al Ayuntamiento de Guanajuato Capital y a la Comisión de Arte y Cultura del Congreso del Estado. En ellos, un colectivo de artistas urbanos, independientes y creadores escénicos plantea una problemática que va más allá de conseguir un lugar para presentarse: el acceso al espacio público, la remuneración por su trabajo y el reconocimiento de su actividad como una profesión especializada.

«El arte no puede ni debe ser concebido como una actividad gratuita», advierten los creadores en ambas cartas, en las que reclaman políticas públicas que reconozcan su aportación cultural y económica.

Burocracia antes que cultura

Uno de los principales cuestionamientos se dirige a los procedimientos municipales para autorizar las presentaciones en la vía pública. Los artistas solicitan que la evaluación de sus propuestas corresponda a especialistas del sector cultural y no exclusivamente a áreas administrativas o de fiscalización.

En el caso de Guanajuato capital, proponen que la Casa de la Cultura intervenga en la aprobación de los proyectos y que los reglamentos municipales distingan claramente las actividades artísticas de las comerciales. También piden establecer espacios específicos para músicos, actores, titiriteros, artistas de performance, estatuas vivas, artesanos y otras disciplinas que forman parte de la oferta cultural urbana.

El planteamiento pone sobre la mesa una contradicción: si el arte callejero contribuye a la vida cultural de una ciudad y enriquece la experiencia de quienes la visitan, ¿Por qué sus practicantes deben enfrentar procedimientos que pueden dificultar su permanencia en los espacios públicos?

Para los artistas, la solución no consiste en eliminar las reglas, sino en construir mecanismos transparentes, accesibles y adecuados a la naturaleza de cada disciplina. Solicitan permisos permanentes, criterios equitativos de selección y garantías para conservar sus lugares de trabajo durante todo el año, incluso cuando la ciudad recibe festivales o celebra acontecimientos especiales.

También proponen que los municipios del estado establezcan requisitos comunes y credenciales que faciliten el ejercicio artístico en distintas ciudades de Guanajuato, sin que cada presentación se convierta en una nueva barrera administrativa.

Formación artística sin garantías de trabajo

La situación adquiere otra dimensión cuando se trata de artistas con preparación académica, experiencia escénica o trayectoria profesional. Contar con formación no garantiza el acceso a foros, contrataciones ni ingresos suficientes, mientras que la falta de oportunidades en los circuitos institucionales puede empujar a los creadores a buscar en las calles una alternativa para ejercer su oficio.

Las cartas describen un panorama de precariedad que incluye honorarios insuficientes, pagos pendientes, dificultades para rentar teatros y prácticas de trabajo no remunerado en eventos gubernamentales. Por ello, los artistas solicitan tarifas accesibles para utilizar recintos públicos, pagos puntuales y la incorporación sistemática de agrupaciones locales a las actividades organizadas por las dependencias estatales y municipales.

El reclamo también cuestiona la distribución de las oportunidades culturales. Los firmantes piden que se priorice la contratación de compañías guanajuatenses antes de recurrir a propuestas de otras entidades y que se amplíen los recursos destinados a la participación de artistas locales en el Festival Internacional Cervantino.

No se trata únicamente de abrir escenarios durante las temporadas de mayor actividad turística. La exigencia es construir una política cultural que genere trabajo de manera constante, permita desarrollar proyectos y reconozca que detrás de cada espectáculo hay preparación, horas de ensayo, inversión en materiales y conocimientos técnicos que deben tener una remuneración.

El espacio público, un escenario en disputa

Las calles y plazas son también espacios de encuentro cultural. Sin embargo, los artistas denuncian que la falta de reglas claras y la competencia por los lugares de mayor afluencia pueden generar conflictos entre quienes trabajan en ellas.

En su escrito al Ayuntamiento de Guanajuato, solicitan que se respeten los espacios previamente ocupados por otros artistas y que las autoridades intervengan cuando se presenten agresiones contra quienes realizan actividades escénicas. Asimismo, piden evitar que otras agrupaciones interrumpan sus presentaciones para ofrecer servicios o vender boletos.

Estas demandas evidencian que la discusión no se limita a autorizar o prohibir espectáculos callejeros. También implica definir cómo se distribuye el espacio público, qué condiciones garantizan la convivencia entre artistas y de qué manera las autoridades protegen tanto el derecho al trabajo como el acceso de la población a distintas expresiones culturales.

Los creadores, además, plantean que las propuestas sean evaluadas por profesionales del sector, con criterios que consideren su calidad, identidad cultural y condiciones de seguridad. No obstante, el establecimiento de requisitos debe evitar que los mecanismos de selección se conviertan en filtros discrecionales que terminen excluyendo a quienes precisamente necesitan oportunidades para desarrollar su trabajo.

Presupuestos, contratación y responsabilidades institucionales

En la carta dirigida al Congreso de Guanajuato, el colectivo solicita revisar la legislación cultural vigente, incrementar los presupuestos destinados a las actividades públicas y crear compañías estatales de teatro, danza, circo y otras disciplinas. También propone generar empleos especializados en producción, dirección, vestuario y maquillaje.

Los firmantes cuestionan, además, la estructura administrativa de la Secretaría de Cultura estatal y solicitan revisar la utilidad del gasto en puestos directivos, al considerar que parte de esos recursos podría destinarse a actividades culturales. Se trata de una postura expresada por el colectivo que requeriría información presupuestaria y administrativa para evaluar sus alcances.

El documento también denuncia una supuesta falta de transparencia en la selección de personal para puestos culturales y pide que las vacantes se asignen mediante procesos éticos. En ese sentido, el reclamo no se limita a conseguir espacios para presentarse: cuestiona quién toma las decisiones sobre la cultura, con qué criterios se distribuyen los recursos y qué lugar ocupan los artistas en esas determinaciones.

Hasta donde permiten establecer los documentos, se trata de solicitudes formales dirigidas a las autoridades, no de respuestas institucionales ni de reformas ya aprobadas. Por tanto, queda pendiente conocer si el Ayuntamiento y el Congreso estatal atenderán las propuestas y qué mecanismos plantearán para darles seguimiento.

La cultura no puede limitarse a los grandes festivales

El caso expone un problema de fondo en la política cultural: la distancia entre promover una ciudad como destino artístico y garantizar condiciones para que quienes producen su oferta cultural puedan vivir de su trabajo.

La imagen de Guanajuato como referente cultural no se construye únicamente con los grandes festivales, los recintos emblemáticos o los espectáculos de temporada. También depende de los músicos que tocan en sus plazas, los actores que llevan el teatro a las calles, los titiriteros, bailarines y artistas escénicos que mantienen una relación cotidiana con habitantes y visitantes.

Si los gobiernos consideran que estas expresiones contribuyen al turismo, a la identidad local y a la convivencia social, resulta pertinente preguntar cuánto presupuesto destinan a sostenerlas, cuántos espacios de trabajo garantizan y qué proporción de sus contrataciones beneficia a los creadores de la entidad.

Las solicitudes del colectivo ponen esa responsabilidad en manos de las autoridades municipales y estatales. El reto será convertir las demandas en reglas claras, presupuestos verificables, procedimientos transparentes y oportunidades reales de empleo.

Porque reconocer el valor del arte mientras se mantienen barreras para quienes lo ejercen corre el riesgo de convertir el discurso cultural en una vitrina: atractiva para el visitante, pero insuficiente para quienes hacen de la creación su trabajo cotidiano.

Foto: Miguel Benítez.