La violencia de género contra las mujeres continúa en niveles alarmantes: CIDH
urge a los Estados a tomar acciones prácticas, efectivas e integrales para modificar los patrones socioculturales discriminatorios.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma la íntima relación entre la discriminación estructural con base en el género y la violencia contra las mujeres. Por ello, en el marco de sus obligaciones de prevención y erradicación, urge a los Estados a tomar acciones prácticas, efectivas e integrales para modificar los patrones socioculturales discriminatorios que subyacen a la violencia de género contra las mujeres y redoblar esfuerzos para combatir la impunidad que rodea estos casos.
La violencia de género contra las mujeres continúa en niveles alarmantes en la región. Según datos disponibles hasta el 2021, en América Latina y el Caribe se encuentran 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios/femicidios en el mundo. Asimismo, 34% de las mujeres entre 15 y 19 años ha sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida, comparado con el 31% de las mujeres a nivel mundial. Estas violencias no son hechos aislados, son el resultado de condiciones estructurales, normas sociales y patrones culturales que la legitiman y reproducen.
La discriminación histórica y estructural contra las mujeres se materializa en los marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que reproducen roles y estereotipos de género; que obstaculizan su acceso a servicios de salud reproductiva y a una educación sexual integral libre de estereotipos; que toleran e invisibilizan la sobrecarga de las tareas domésticas y de cuidado sobre ellas; que favorecen la sobrerrepresentación en trabajos informales o mal remunerados, y la subrepresentación en los espacios de toma de decisión; entre otras manifestaciones que las impiden ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad.
Estas brechas de género en el ámbito económico, social y político aumentaron como consecuencia de la pandemia por COVID-19, con el riesgo de que se profundicen aún más ante la actual recesión económica, la emergencia climática y otras crisis humanitarias, lo que a su vez incrementa el riesgo de las mujeres a sufrir violencia de género. La situación es más grave en el caso de las mujeres afrodescendientes, indígenas, LBTI y con discapacidad, quienes están expuestas a mayores riesgos como resultado de las múltiples discriminaciones que las afectan.
Además, la violencia de género es una constante presente en todo el ciclo de vida de las mujeres. "Su prevención y erradicación exige un análisis estructural que tome en cuenta la forma continuada de la violencia, que se inicia en la niñez y continúa a lo largo de la vida de las mujeres, exacerbada por la impunidad generalizada. La mujer mayor de hoy es la niña que no tuvo acceso a medidas de protección, de justicia y de reparación", destacó la presidenta y Relatora sobre Derechos de las Mujeres, Julissa Mantilla Falcón.
Ante este contexto, es urgente que los Estados de la región prioricen la prevención de la violencia de género contra las mujeres mediante la implementación de medidas normativas, de política pública y presupuestarias que visibilicen el desequilibrio estructural que enfrentan en el ejercicio de sus derechos, y que tengan por objeto transformar la cultura de discriminación contra ellas en todos los ámbitos.
Asimismo, los Estados deben enviar un mensaje claro y contundente de no tolerancia a la violencia de género contra las mujeres, a través de medidas concretas dirigidas a reducir los niveles de impunidad que prevalecen en estos casos, con miras a garantizar la no repetición. Estos esfuerzos deben ir acompañados ineludiblemente por un rechazo absoluto a mensajes públicos que minimicen o promuevan la violencia contra las mujeres, o que reproduzcan estereotipos de género discriminatorios.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
Foto: Miguel Benítez.
