Ley mexicana de Ciberseguridad: El urgente y complejo camino para su creación

Durante los últimos meses se han incrementado en México los incidentes delictivos relacionados con la vulneración de infraestructuras digitales, en los que se han visto comprometidas agencias gubernamentales y entidades relacionadas con los diferentes órdenes y niveles de gobierno.

Las motivaciones que originan estas acciones pueden ser diversas, abarcando razones como simple diversión, obtención de beneficios económicos, espionaje, acciones de manifestación, exposición o protesta u otras.

Los recientes casos de ataques digitales a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Agencia Federal de Aviación son un par de ejemplos de la inmensa capacidad que tienen algunos grupos organizados para robar cuentas, dirigir hackeos, secuestrar información y otros delitos cibernéticos, indicó el Dr. Armando Reyna Ballesteros, coordinador de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali.

“Este tipo de acciones claramente vulnera y representa una amenaza, no solo para el gobierno, sino también para las empresas y por supuesto, para los ciudadanos en general”. Esta es la razón, añadió, por la cual los legisladores mexicanos están configurando una Ley Federal sobre Ciberseguridad.

Pese a la urgencia de los tiempos actuales, la complejidad del tema hace que el proceso de conformación, discusión y posible aprobación de la nueva ley se prevea como prolongado.

“La principal discusión se sigue presentando en dos claras posturas; por un lado, quienes proponen que el estado mexicano asuma con mayor responsabilidad y autoridad el control del ciberespacio, y la otra que sugiere poner más atención en las libertades, la privacidad y la gestión de los datos de los usuarios”, explicó el coordinador. 

Entonces, ¿Qué es lo que se debería hacer?, ¿Cómo garantizar una ley justa, moderna y equilibrada que contemple ambas visiones?

Lo primero es considerar a la ciberseguridad como una situación de seguridad nacional, y hacer un ejercicio profundo de concientización sobre los riesgos que implica su posible vulneración.

Además, se trata de un tema de carácter multidisciplinario que no puede abordarse desde una sola perspectiva, porque requiere la participación y la concurrencia de diversos actores. “En este sentido, si se busca una ley que garantice la prevención y sanción de cualquier tipo de acción ilegal que atente contra la ciberseguridad, debería de estar provista de todos los instrumentos legales, marcos jurídicos y regulatorios y todo aquello que brinde claridad y certeza en materia legislativa, así como contemplar ampliamente la tipificación de los delitos de esta índole y sus sanciones en consecuencia”, destacó el especialista.

Por ello, la ley que empieza a formularse debe centrarse en constituir mecanismos que garanticen una mayor inversión, el intercambio de información, la cooperación entre los diferentes órdenes, organismos e instituciones, independientemente de su nivel o grado de actuación.

“Otro aspecto relevante en este proceso es el de contemplar lo que ya se ha realizado en otros países; es decir tomar en consideración las buenas prácticas y aspectos internacionales que permitan diseñar una ley acorde a la naturaleza de nuestro país. Solo así se podrá lograr un ecosistema digital más seguro”, concluyó el Experto CETYS.

Foto: Cortesía.