Sobre las labores de “custodia” de la Guardia Nacional zonas arqueológicas

A la opinión pública nacional e internacional.

Los firmantes, profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y adherentes, manifestamos nuestro más enérgico rechazo y condena a la pretensión del Ejecutivo Federal de que la Guardia Nacional lleve a cabo labores de “custodia” en las zonas arqueológicas de El Tajín y Teotihuacán, dadas a conocer por medio de circulares internas, el 12 y el 14 de junio, respectivamente.

La situación por las que atraviesan los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos son consecuencia de los errores de las administraciones pasadas y de la actual, que lejos de llevar a cabo análisis de las circunstancias sociales y económicas por las que atraviesan las comunidades y los pueblos que las circundan, dado el turismo que llega, y, al mismo tiempo, la falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes en las regiones, coloca a estas zonas arqueológicas y sus inmediaciones como espacios de negociación de todo tipo de mercancías, que difícilmente se solucionarla con el empleo de las fuerzas coercitivas que sólo pretenden la intimidación y no la solución de los problemas.

Así, la militarización no tiene ningún sustento en las realidades de las zonas arqueológicas y mucho menos constitucional y legal, en cuanto a tareas y misiones de las fuerzas armadas y, en cambio, hace evidente una continuada estrategia de militarización de los espacios públicos dedicados a la educación y cultura. Ya se ha señalado la contradicción notoria entre la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador de “regresar el ejército a los cuarteles”, y el actual empoderamiento de los militares en áreas y ramos que deberían estar a cargo de otras secretarías o de las organizaciones de la sociedad: sindicatos, cooperativas, asamblea de comuneros o de ejidatarios, agrupaciones preocupadas y ocupadas por años en el bienestar social. Esta política de militarización es no sólo errónea sino totalmente ilegal y fuera de los marcos constitucionales. Además, muestra un profundo desprecio por el pueblo y sus organizaciones, y, sobre todo, por la historia de nuestro país. El siglo XIX mexicano exhibe los graves problemas que causó a la sociedad el ejército en el control del Estado. Ahora no sólo se está encumbrando al estamento militar en el poder político, dada su presencia cotidiana en las conferencias diarias de Palacio Nacional, y la exaltación constante de su papel en la vida pública, sino también se le está dotando de un visible poder económico, al otorgarle, fuera de toda lógica, el manejo y disfrute de lo que son y deben ser rentas públicas nacionales, dado el origen de la inversión, recursos públicos, como son la administración y los aprovechamientos del aeropuerto Felipe Ángeles y otros aeropuertos locales, el Tren Maya, del corredor interoceánico, Dos Bocas, Coatzacoalcos, las aduanas, los puertos, los programas sociales, etcétera.

Llamamos a la sociedad toda, ya que no lo hacen los profesionales de la política, que a fin de cuentas están de acuerdo con esa misma política, a oponernos a tales despropósitos. Buscar los medios para impedir que se siga avanzando en la militarización y el militarismo, ya que, de no hacerlo, las futuras generaciones nos lo demandaran.              

Firmantes.

Felipe I. Echenique March, Gilberto López y Rivas, Sergio Gómez Chávez, Lina Odena Güemes, Fernando Alberto Miranda Flores, Eliana Acosta Márquez, Rosa María Garza Marcué, Jesús Evaristo Sánchez, Alberto Herrera, Paul Hersch Martínez, Cecilia Vázquez Ahumada, Ana maría Pelz, Pavel Leiva, Guadalupe Zárate Miguel, Hortensia de Vega Nova, Berenice Rodríguez, Gilberto L. Castillo, Pablo Neptali Monterroso Rivas, Juan Manuel Sandoval Palacios, Ma. De los Ángeles Colunga Hernández, Ruth Arboleyda Castro, Fernando Barsdefer, Elsa Cristina Hernández Pons, Esperanza Muñoz Elizondo, Guillermo Molina Villegas,  
Adherentes Ana Esther Ceceña, Marcela de Lourdes Orozco C.

Foto: Miguel Benítez.