Cultura en el informe de Sheinbaum: más cifras, más preguntas

En el papel, las cifras son contundentes: 514 mil 121 actividades culturales, 49 millones 667 mil 337 asistentes, 3 mil 320 millones de pesos destinados a estímulos a la creación y presencia cultural en 310 municipios. De acuerdo al desglose del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum coloca estos números como evidencia del avance de una política cultural que pretende presentar el acceso a la cultura como un derecho y no como un privilegio.

Pero detrás de las cifras aparece una pregunta menos cómoda: ¿Qué significa realmente garantizar el derecho a la cultura cuando el acceso, la infraestructura, la creación y los públicos siguen distribuyéndose de manera desigual?

El apartado de Cultura, incluido en el eje “Bienestar con Justicia”, sostiene que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 el Gobierno de México avanzó en los cuatro objetivos del Programa Sectorial de Cultura 2025-2030 y en los 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación.

La administración federal plantea cuatro líneas: ampliar los derechos culturales con equidad territorial; consolidar una educación artística pública y gratuita; impulsar el ciclo creativo completo, y proteger el patrimonio material, inmaterial, documental y biocultural.

El planteamiento es ambicioso.

La dificultad está en que convertir la cultura en derecho no depende únicamente de multiplicar actividades o asistentes. También implica garantizar condiciones para que artistas puedan vivir de su trabajo, que las comunidades puedan decidir sobre sus propias expresiones culturales, que existan espacios adecuados y que las obras tengan públicos más allá de los grandes centros urbanos.

El propio informe permite mirar esas tensiones.

Más actividades, pero ¿más derechos culturales?

El Gobierno reporta 514 mil 121 acciones culturales realizadas durante el periodo, entre ellas teatro, danza, música, exposiciones, cine, talleres, fomento a la lectura y actividades relacionadas con el patrimonio. La asistencia acumulada llegó a casi 50 millones de personas.

La cifra permite dimensionar la magnitud del despliegue institucional, pero también plantea un problema de medición. Un registro de asistencia dice cuántas personas acudieron, pero no necesariamente explica quiénes fueron, con qué frecuencia participan, qué barreras encontraron para hacerlo o qué tan sostenibles son esas experiencias culturales.

El informe sostiene que la descentralización dejó de significar simplemente llevar actividades desde las capitales hacia las periferias. La nueva lógica, afirma, busca que las comunidades ejerzan sus derechos culturales desde sus propios territorios y formas de participación.

Ahí está uno de los puntos centrales de la política cultural del sexenio: dejar de entender la descentralización como una gira institucional.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se realizaron 7 mil actividades con público en 310 municipios, con alrededor de 300 mil asistentes, particularmente en Territorios de Paz e Igualdad.

Los Convites Culturales, por su parte, desarrollaron 118 jornadas permanentes en 55 municipios de 19 entidades federativas, con 90 mil participantes.

La apuesta resulta relevante porque desplaza parcialmente la cultura de los recintos especializados hacia barrios, colonias y comunidades. Sin embargo, también deja pendiente una cuestión fundamental: cómo se medirá el impacto cultural de estas políticas más allá de la cantidad de actividades realizadas.

Si la cultura es un derecho, su evaluación tendría que considerar no sólo cuántas personas asistieron, sino si aumentaron las capacidades locales, si se fortalecieron los procesos comunitarios y si los proyectos sobrevivirán cuando termine el financiamiento público.

El dinero para crear aumenta, pero el problema es la continuidad

Uno de los datos más significativos del informe es el crecimiento de los recursos destinados a estímulos para la creación.

En 2026 se reportan 3 mil 320 millones de pesos, 37 por ciento más en términos reales que en 2025 y 56 por ciento más que en 2024. El Gobierno presenta el monto como la cifra más alta registrada en el sector en los últimos años.

Es una señal importante después de años en los que buena parte de la comunidad artística ha reclamado presupuestos insuficientes, precariedad laboral y dificultades para sostener procesos de creación.

El Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) otorgó 1,473 estímulos correspondientes a ocho de sus 13 vertientes. De ellos, 595 se distribuyeron mediante programas como Creadores Escénicos, Sistema Nacional de Creadores de Arte, Jóvenes Creadores, Músicos Tradicionales Mexicanos y Artes en Lenguas Indígenas Nacionales.

Otros 878 estímulos fueron otorgados mediante el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en 13 entidades.

La cifra es considerable, pero el reto de la política cultural no termina cuando se entrega un estímulo. El problema histórico del sector ha sido la continuidad de las trayectorias artísticas.

Un apoyo puede permitir producir una obra; no necesariamente resuelve la circulación, la distribución, la profesionalización, el acceso a públicos o la posibilidad de sostener una carrera artística.

El informe asegura que su política busca cubrir precisamente ese ciclo: formación, investigación, producción, circulación, recepción y sostenibilidad.

Será en estos últimos eslabones donde la política tendrá que demostrar su eficacia.

El cine encuentra nuevas reglas, pero no necesariamente nuevos públicos

Uno de los cambios estructurales señalados por el Gobierno ocurre en el ámbito cinematográfico.

La aprobación de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual actualizó un marco jurídico que, de acuerdo con el informe, acumulaba más de tres décadas de rezago. La legislación incorpora las plataformas digitales, integra FOCINE al marco legal y establece condiciones mínimas para la exhibición del cine mexicano.

A ello se suma el Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica y Audiovisual (EFICA), publicado en febrero de 2026, que contempla un crédito fiscal de hasta 30 por ciento del costo total de producción, con un límite de 40 millones de pesos por proyecto y un techo global anual de 400 millones.

El objetivo es estimular la producción nacional y generar actividad económica alrededor de las películas.

El Gobierno también reporta que durante el primer semestre de 2026 FOCINE apoyó 19.8 por ciento más proyectos que en 2025, incluyendo largometrajes de ficción, documentales, animación, cine experimental, cortometrajes y proyectos de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.

Pero producir más cine no significa automáticamente que ese cine llegue a más espectadores.

El propio informe ofrece una fotografía de esa contradicción: 193 títulos mexicanos circularon internacionalmente en 45 países y 200 títulos participaron en la selección oficial de 123 festivales en 42 países. En México, entre enero y junio de 2026, 438 espacios solicitaron acceso al catálogo de exhibición, con 53 mil 980 asistentes registrados.

La producción crece; la pregunta sigue siendo cómo convertir esa producción en una presencia constante en las pantallas mexicanas.

La discusión sobre el cine nacional, por tanto, no termina en el financiamiento. Pasa por la exhibición, la distribución, las plataformas, la formación de públicos y la posibilidad de que una película mexicana encuentre espectadores después de su recorrido por festivales.

La cultura como herramienta para la paz

Otro de los ejes más visibles del informe es la incorporación de la cultura a la estrategia de paz.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz contempla para 2026 un total de 200 festivales, conciertos y actividades artísticas gratuitas en las 32 entidades federativas, con prioridad en municipios de atención prioritaria.

Al cierre de junio se habían realizado 15 festivales, con una asistencia de 1.7 millones de personas.

El dato es significativo por su dimensión, pero también por el desafío conceptual que plantea: ¿Hasta dónde puede la cultura funcionar como política de prevención de violencia y reconstrucción del tejido social?

La respuesta no puede reducirse a organizar conciertos o festivales gratuitos. Si la cultura se incorpora a una política de paz, tendría que formar parte de procesos de largo plazo: educación artística, recuperación de espacios, acompañamiento comunitario, fortalecimiento de identidades locales y oportunidades para jóvenes.

El informe parece reconocer esa necesidad al vincular el Circuito Nacional con los Territorios de Paz y los planes territoriales de paz y justicia.

La apuesta es pertinente. Su resultado, sin embargo, sólo podrá medirse con el tiempo.

Los grandes recintos siguen concentrando buena parte de la oferta

La infraestructura cultural federal mantiene una actividad importante.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, el INBAL, el CENART y el CECUT reportaron 7 mil 218 actividades de teatro, danza, música, ópera, literatura y artes visuales, con 1.6 millones de asistentes.

El INBAL concentró 5 mil 908 actividades y más de 1.1 millones de asistentes; el CENART realizó 1,116 actividades con 436 mil 437 personas, mientras que el CECUT reportó 194 actividades y 31 mil 768 asistentes.

Son números que muestran una infraestructura pública activa, aunque también permiten observar dónde continúa concentrándose buena parte de la oferta institucional.

El desafío de la descentralización no consiste únicamente en crear actividades fuera de la Ciudad de México. También implica construir capacidades culturales locales que no dependan permanentemente de la llegada de programas federales.

En ese sentido, los apoyos a instituciones estatales y a infraestructura adquieren particular importancia. A través del AIEC se financiaron 159 proyectos con impacto previsto en 553 municipios de 31 entidades. El PAICE aprobó 36 proyectos y, en Michoacán, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se financiaron ocho proyectos por 14.6 millones de pesos.

La inversión en infraestructura puede ser menos visible que un festival multitudinario, pero probablemente tenga un efecto más duradero si consigue mantener abiertos espacios culturales, equiparlos y convertirlos en lugares de encuentro cotidiano.

Patrimonio: preservar no basta

La protección del patrimonio ocupa otro de los grandes apartados del informe.

Durante el periodo se inscribió ante la UNESCO la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa. También se reportan avances en la conservación y reapertura de zonas arqueológicas y museos, así como acciones para la revitalización lingüística mediante las Casas Comunitarias de la Lengua Indígena (CALI), desarrolladas junto con el INPI.

Aquí aparece una concepción del patrimonio que busca ir más allá de los monumentos.

Las lenguas, los rituales, las prácticas comunitarias y los conocimientos bioculturales forman parte de una memoria viva. Protegerlos significa también garantizar que las comunidades puedan continuar transmitiéndolos.

El reto es evitar que el patrimonio se convierta únicamente en un objeto de reconocimiento institucional. Una declaratoria internacional puede otorgar visibilidad, pero la verdadera preservación ocurre cuando una comunidad mantiene viva una práctica y tiene condiciones para transmitirla a las siguientes generaciones.

El Cervantino y los festivales: cultura como encuentro masivo

El informe también utiliza los grandes acontecimientos culturales como indicadores de circulación.

La edición 53 del Festival Internacional Cervantino, realizada en octubre de 2025, reunió a más de 3,400 artistas de 31 países y superó los 400 mil asistentes. Reino Unido y Veracruz participaron como invitados de honor.
El dato de los 400 mil asistentes al Festival Internacional Cervantino que presenta el informe de gobierno merece una revisión: el propio festival ha reconocido una cifra de alrededor de 330 mil asistentes, sin explicar con claridad cómo se construye ese conteo ni qué criterios se utilizan para contabilizar al público. La diferencia no es menor y adquiere otra dimensión cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presenta ahora una cifra superior. Más que celebrar el número mayor, el contraste obliga a preguntar qué se está midiendo, con qué metodología y por qué las cifras oficiales del mismo acontecimiento no coinciden. En un informe que utiliza la asistencia como indicador de impacto cultural, la transparencia sobre la manera de obtener esos datos debería ser tan importante como el dato mismo.

El Programa de Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) alcanzó, según el informe, su mayor cobertura histórica: 149 festivales en las 32 entidades federativas, 4.5 millones de asistentes y 500 millones de pesos en coinversiones.

El presupuesto federal para PROFEST casi se duplicó respecto de 2025, al pasar de 52.6 a 100 millones de pesos.

El crecimiento de los festivales responde a una idea clara de política cultural: reunir públicos y comunidades alrededor de experiencias artísticas gratuitas o accesibles.

Pero también conviene mirar el fenómeno con cautela. La cultura no puede reducirse a la lógica del evento.

Un festival puede producir encuentro, activar una economía local y generar experiencias colectivas; pero una política cultural sólida necesita además bibliotecas funcionando, escuelas de arte, talleres permanentes, museos accesibles, circuitos de exhibición, archivos, investigación y condiciones laborales para quienes producen cultura.

La espectacularidad de un festival puede ser visible en las estadísticas. La construcción de una vida cultural cotidiana es mucho más difícil de medir.

Una política cultural todavía en construcción

El informe presenta una transformación importante en el discurso oficial: la cultura aparece explícitamente como derecho, como herramienta de bienestar y como componente de una estrategia de paz y justicia.

También hay incrementos presupuestales, nuevas disposiciones legales, programas de descentralización y una mayor presencia de comunidades indígenas y afromexicanas dentro de los mecanismos de apoyo.

Sin embargo, las propias cifras obligan a no quedarse con el entusiasmo de los grandes números.

49.6 millones de asistentes no necesariamente significan 49.6 millones de personas ejerciendo de manera plena sus derechos culturales. Mil 473 estímulos no resuelven por sí mismos la precariedad de miles de artistas. Cientos de festivales no sustituyen una infraestructura cultural permanente. Y producir más películas no garantiza que el cine mexicano encuentre pantallas y espectadores.

La verdadera evaluación de esta política ocurrirá en otro terreno: si consigue que la cultura deje de depender del lugar donde se nace, del ingreso familiar, de la cercanía con una capital o de la capacidad individual para sortear un sistema históricamente desigual.

El Segundo Informe muestra un Gobierno que ha decidido colocar más recursos y más discurso político alrededor de la cultura. El siguiente paso será demostrar que ese crecimiento no se queda en las estadísticas y que el derecho cultural puede convertirse en una experiencia cotidiana, especialmente para quienes durante décadas han permanecido lejos de los principales circuitos de creación, producción y consumo cultural.

El desafío, en última instancia, no es llenar recintos.

Es conseguir que crear, mirar, leer, escuchar, preservar y participar en la vida cultural sean realmente posibilidades al alcance de todos.

Foto: Miguel Benítez.